Marilén Villalonga, socia fundadora de la Plataforma, comparte su visión sobre el Coordinador de Parentalidad y la necesaria especialización en familia.

EL COORDINADOR DE PARENTALIDAD COMO PACIFICADOR

DEL CONFLICTO ENTRE LOS PROGENITORES: UN ADR

Marilén Villalonga

Psicóloga, Mediadora y Coordinadora de Parentalidad 

Desde la Plataforma Derecho y Familia, apostamos decididamente por una justicia de familia especializada y ágil, motivados, sobre todo, por la necesidad de salvaguardar el interés superior de los menores involucrados en un proceso de divorcio conflictivo. Se trata de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a familias inmersas en situaciones de alta conflictividad o con potencialidad de poder estarlo y a los que, a menudo, no se presta la atención necesaria.

Llevo más de veinte años trabajando como psicóloga, siempre dentro del ámbito familiar, como mediadora, con alta especialización en resolución de conflictos, y como Coordinadora de Parentalidad (CP). Desde esa larga experiencia me doy cuenta de que, desde la Coordinación de Parentalidad, una de las funciones más relevantes durante la crisis provocada por la COVID-19 ha sido la función psicoeducativa del CP. Se trata de una de las funciones fundamentales recogida en el documento base publicado tras el I FORUM DE EXPERTOS PARA EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD Y LA GESTIÓN DE LA ALTA CONFLICTIVIDAD FAMILIAR.

La función psicoeducativa, basándose siempre en la evidencia científica se centra en:

• Responsabilizar a los progenitores respecto al desarrollo de las hijas e hijos.
• Sensibilizar a los progenitores sobre el impacto en las hijas/os del conflicto inter-parental y de los comportamientos inadecuados de los progenitores.
• Desarrollar el compromiso de los progenitores con la corresponsabilidad, la utilización de pautas educativas adecuadas a cada etapa del desarrollo   y, en general, con la Parentalidad Positiva.Fomentar en los progenitores las habilidades parentales, comunicativas, de toma de decisiones y de resolución de conflictos.
• Elaborar y/o implementar un plan de parentalidad, basado en la evidencia científica, y/o restablecer las medidas judiciales.
• Cooperar con los progenitores para gestionar los conflictos y comunicarse de manera constructiva. Resolver desacuerdos y disputas con el objetivo de lograr el bienestar de las hijas e hijos.
• Gestionar y ayudar a buscar soluciones a las dificultades relacionadas con la familia extensa, nuevas parejas u otras personas significativas.
• Coordinar con otros profesionales del ámbito social, jurídico, psicológico, de la salud, etc. que presten o hayan prestado servicios a la familia. Asimismo, cuando sea necesario, solicitar sesión al juez/a y presentarle sugerencias y recomendaciones.
• Favorecer, conciliar, arbitrar o recomendar soluciones en temas concretos relativos a las personas menores de edad, tomando como referencia la resolución judicial, en los casos en que los progenitores/as/tutores/as no sean capaces de ponerse de acuerdo.
• Realizar acciones preventivas y de orientación a los progenitores y a otros profesionales implicados, que eviten las escaladas de conflicto familiar y las situaciones consecuentes de afectación o desprotección de las hijas/os.

Estoy convencida que se puede (y se debe) defender entre todos el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener y/o mantener el vínculo con cada uno de sus progenitores. A partir de ahí, se trata de enseñarles a crecer de las adversidades, a empoderar sus emociones y a fortalecer su capacidad de resiliencia ante la posible carencia de habilidades parentales, de manera que podamos protegerles de la falta de corresponsabilidad parental que una crisis familiar puede desencadenar. Para ellos, lo más importante es sentirse queridos y aceptados. Y, aunque son fuertes, al mismo tiempo también son muy vulnerables, ya que son fáciles de manipular en manos de los adultos, es decir, de aquellas personas que, en teoría, van o hacen algo “por su bien”.

En nuestro rol profesional debemos reflexionar y prestar mucha atención a esa “vulnerabilidad” ante una posible manipulación consciente y/o inconsciente. Y por eso es necesario desarrollar los conocimientos y las habilidades específicas para poder observar cómo ellos transforman la realidad e interpretan sus vivencias. Por tanto, debemos tener muy presente la responsabilidad que conlleva. La existencia de equipos multidisciplinares que intervengan en un proceso de familia, sería la que marcaría la diferencia, siempre pensando en el bienestar y el buen desarrollo de cada uno de esos niños y niñas que pasan por nuestras manos. Y es precisamente aquí donde la Jurisdicción de Familia y la formación específica de todos los profesionales implicados se hace sumamente evidente y necesaria.

Como Coordinadora de Parentalidad, cuando trabajo junto a abogados, jueces, fiscales, peritos, etc, que enfocan su cometido teniendo siempre presente a los niñ@s y adolescentes no solo a las voluntades, necesidades y derechos del cliente, de la parte, del padre o de la madre, se me abre un abanico de posibilidades para llegar a esos tan ansiados acuerdos en el día a día. Solo desde ese trabajo en común podemos ayudar a padres y madres a tomar conciencia de su corresponsabilidad parental como la única forma de seguir adelante, de iniciar un nuevo camino. A que acepten que hay algo  que les une para toda la vida, sus hijos e hijas, y que eso es algo nunca podrán cambiar. Y a pensar en su bienestar y no en cómo pueden salir ganando o quedar por encima del que es y será el padre o la madre de sus hij@s.  

El CP actúa como un pacificador del conflicto entre los progenitores, es decir, como un ADR. Su labor se ha hecho más necesaria que nunca durante el periodo del confinamiento, debido a las continuas situaciones de conflicto que se han generado y las dificultades de poder reunirse o presentar demandas o modificaciones. El poder trabajar con los miembros de la familia por WhatsApp, con videollamadas o con otras herramientas online, ha permitido estar cerca de su día a día durante los peores momentos del estado de alarma. Y, sin duda, todas estas herramientas seguirán jugando un papel fundamental durante la etapa incierta que ahora se abre ante todos nosotros. Es el momento de reivindicar la especialización y que los poderes públicos se responsabilicen de velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.