Don Jesús María González García

Tras casi cuarenta años desde la reforma del Código Civil de 7 de julio de 1981, la experiencia viene demostrando que, tal vez, ha llegado el momento de dar el paso hacia la creación de una rama especializada en materia de familia dentro de la jurisdicción civil, siguiendo el ejemplo de otras creadas en este o en otros órdenes jurisdiccionales. La tutela judicial que requieren y merecen las partes y terceros implicados en los procesos de familia (cónyuges e hijos), en un ámbito de la vida tan especializado y sensible, y en el que están en juego derechos tan elementales de la persona (con afectación de su dignidad, de su vida privada y familiar e, incluso, su vida e integridad física y moral) justifican una respuesta desde el Estado y sus instituciones que garantice la mayor efectividad, dentro de unos estándares tolerables por la sociedad, que eviten algunas de las disfunciones detectadas por la práctica; algo en lo que está en juego no sólo la mejora de los instrumentos procesales y organizativos, sino también el compromiso de los poderes públicos en una adecuada dotación de medios materiales y humanos, que permitan al Estado cumplir con eficacia los fines constitucionales de protección de la familia, de los hijos, a través del ejercicio de la jurisdicción