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“ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA.
UNA VISIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL FORENSE”
Amelia de Andrés Sanz
Cristina Cillán Guerra
Estrella Hurtado Jiménez
Esperanza Sánchez Hernández
Trabajadoras Sociales
Socias fundadoras de la Plataforma Familia y Derecho
Los cambios en las estructuras familiares obligaron al sistema judicial a incorporar profesionales formados que manejaran conocimientos técnicos sobre las diferentes realidades familiares que ayudaran al órgano judicial en la toma de decisiones. De ahí que, a raíz de la Ley 30/1981, de 7 de Julio, conocida como Ley del divorcio, se empezaran a conformar los primeros Juzgados especializados en materia de familia y se crearan los Equipos Técnicos Judiciales, formados por Trabajadores/as Sociales y Psicólogos/as, para dar soporte a los mismos. Sin embargo, esto no se ha hecho extensible porque, aunque en Madrid capital sí se han ido ampliando estos juzgados especializados con adscripción de un Equipo Técnico a cada uno de ellos, esta situación privilegiada no se ha implementado al resto de municipios y comunidades autónomas.
El Equipo Técnico tiene competencia en asesorar sobre aquellas cuestiones que le son solicitadas por el Juez a través de un informe técnico, elaborado tras una evaluación del grupo familiar en estudio. En concreto, el Trabajador Social con su diagnóstico social ofrece una visión integral de las familias, teniendo en cuenta las diferentes áreas de desarrollo personal e interacción con el entorno familiar y social.
Como Trabajadoras Sociales que intervenimos en los procedimientos de familia desde hace más de treinta años, con plaza fija tras aprobar la correspondiente oposición de la Administración de Justicia, abogamos por la especialización de los Juzgados de Familia en todo el territorio nacional porque garantizaría el principio de igualdad de todos los ciudadanos. De esta manera se crearían juzgados que solo resolvieran temas de familia con Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia especializados, así como el personal de Secretaría, sin olvidar a los letrados y procuradores que asisten a estos juzgados, de cara a una mayor sensibilización y consenso en el abordaje de las diferentes problemáticas familiares.
Si cada uno de estos Juzgados, como ocurre en Madrid capital, tuviera adscrito un Equipo Técnico se garantizaría que la respuesta a las demandas fuese más ajustada en el tiempo y no se dilatara como actualmente ocurre en el territorio del Tribunal Superior de Justicia, donde existen menos Equipos Técnicos que Juzgados que solicitan su intervención. La proximidad de los Equipos Técnicos a las familias durante la evaluación de las mismas posibilita que tengan su espacio para expresar sus emociones, sus vínculos familiares, sus proyectos futuros, etc. Además, facilita que el juzgador tenga una visión más completa y real de la situación socio-familiar y dicte resoluciones judiciales más precisas, reduciendo con la pronta reorganización familiar el conflicto parental. Este trabajo colaborativo favorece al interés superior del menor dado que la judicialización de los conflictos familiares les afecta de manera especial por estar inmersos en los mismos y ver alteradas sus relaciones intrafamiliares, con afectación emocional importante y repercusión en su adecuado desarrollo.
Por la complejidad de estos conflictos y el contexto donde se dirimen, entendemos que los miembros que integran los Equipos Técnicos Judiciales deben contar, además de la Titulación Propia de su carrera académica, con formación específica (teórico-práctica) que tenga relación tanto con el marco legal donde desempeña sus competencias laborales forenses, como con las materias que se abordan en dicha jurisdicción: relaciones paterno-filiales, opciones de custodia, alternativas de resolución de conflictos familiares, parentalidad positiva, adopciones, etc.
Asimismo, con la especialización, se conseguiría que los nuevos profesionales que se incorporen al ámbito judicial cuenten con formación previa sobre los diferentes ámbitos de actuación, funciones y objetivos a realizar en el desempeño de su profesión, así como formación práctica, en el servicio en el que tendrá que desarrollar su trabajo. Las Universidades, dentro de sus programas de postgrado, podrían potenciar la formación en esta materia, así como los diferentes colegios profesionales.
Además, la unificación de los protocolos de actuación donde el método científico de trabajo sea seguido por todos los profesionales con las técnicas propias de cada disciplina, garantizaría la tutela y seguridad jurídica de los ciudadanos, demanda que durante años venimos realizando los Equipos Técnicos, y que consideramos podrían ver la luz con la creación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde pasaremos a incorporarnos dentro de las Unidades de Valoración Forense. Esta nueva dependencia orgánica podría facilitar también la especialización.
De lo manifestado se puede inferir que la especialización redundaría en beneficio de las familias, especialmente en los niños, niñas y adolescentes, del funcionamiento del juzgado y de la praxis de todos los profesionales involucrados en el ámbito del Derecho de Familia.